Durante años, el SARLAFT ha sido en el sector solidario, ante todo, un ejercicio puertas adentro. Cada entidad construyó su propio sistema para conocer a sus asociados, vigilar sus movimientos y detectar cualquier indicio de que sus productos estuvieran siendo utilizados para legitimar dinero de origen ilícito. Ese trabajo, silencioso y en gran medida invisible para el asociado promedio, ha sido durante décadas uno de los pilares menos visibles, pero más determinantes de la confianza que sostiene al sector solidario. Sin embargo, un cambio regulatorio reciente está a punto de transformar por completo el terreno sobre el que ese trabajo se sostiene; ese cambio hoy en día tiene nombre propio: el Decreto 368 de 2026.
Esta norma convirtió en obligatorio un modelo de finanzas abiertas que hasta entonces era apenas voluntario; en términos simples, el nuevo esquema exige que buena parte del sistema financiero colombiano, incluidas numerosas cooperativas y entidades del sector solidario, comparta información financiera de sus asociados con otras entidades, siempre que estos lo autoricen expresamente. Lo que antes era una decisión estratégica de cada organización se convirtió, de la noche a la mañana, en una obligación legal ineludible.
La coincidencia de estos dos procesos —uno construido durante años puertas adentro y otro que ahora obliga a mirar puertas afuera— no es casualidad. El SARLAFT depende, en última instancia, de la calidad y la cantidad de información que cualquier entidad tiene sobre sus asociados. Mientras más completo sea ese conocimiento, más fácil resulta identificar un comportamiento que se aparta de lo esperado. Las finanzas abiertas, por su propia naturaleza, multiplican exactamente ese insumo: la cantidad de datos financieros que circulan entre entidades. De ahí que para cualquier área de cumplimiento del sector solidario, este no sea un tema que pueda seguir tratándose como un asunto exclusivamente tecnológico o exclusivamente legal. Es, ante todo, un asunto de prevención.
El primer efecto de esta convergencia es que amplía considerablemente el terreno que el SARLAFT debe vigilar. Antes bastaba con observar lo que ocurría dentro de los sistemas propios de la cooperativa; ahora es necesario entender también qué información entra desde otras entidades, qué información sale hacia terceros, y qué ocurre con esos datos una vez abandonan el perímetro que la organización puede controlar directamente. Ese ejercicio no es sencillo, y trae consigo una serie de riesgos que hasta hace poco simplemente no existían en estos términos.
El primero de esos riesgos tiene que ver con la velocidad. Los nuevos sistemas de pagos interoperables (es decir, que operan entre ellos) mueven el dinero entre entidades distintas en cuestión de segundos, lo cual reduce dramáticamente el margen de tiempo disponible para detectar y contener una operación irregular antes de que se complete. El segundo riesgo es la trazabilidad: cuando una transacción atraviesa varias plataformas y entidades antes de llegar a su destino final, reconstruir el origen real del dinero se vuelve una tarea considerablemente más compleja que cuando toda la operación ocurría dentro de una sola institución.
A esto se suma un tercer riesgo, quizás el más delicado: buena parte de las Fintechs y plataformas que hoy participan en este ecosistema no están sujetas al mismo nivel de vigilancia que una cooperativa o un banco, lo que abre espacios donde el control puede diluirse. Y, por último, persiste una pregunta que la regulación todavía no responde con claridad: cuando algo falla en un flujo de información que involucra a varias entidades, ¿quién asume la responsabilidad frente al asociado afectado?
Sería un error quedarse únicamente con la lectura de los riesgos, puesto que bien gestionada, esta misma apertura de información puede convertirse en una herramienta poderosa para fortalecer, no debilitar, el sistema de prevención de una entidad. Un conocimiento más completo del asociado, construido a partir de fuentes adicionales y siempre bajo su autorización, permite detectar con mayor precisión cuándo un comportamiento realmente se aparta de lo esperado, en lugar de depender únicamente de la información que el propio asociado decide declarar.
La posibilidad de cruzar datos entre distintas entidades también facilita identificar patrones que ninguna entidad, actuando sola, lograría ver; por ejemplo, una misma persona recibiendo simultáneamente recursos de múltiples fuentes, que vistas de manera aislada, no despertarían ninguna alerta.
Ese mismo principio aplica a uno de los ejercicios más exigentes del SARLAFT que es el de identificar quién está realmente detrás de una empresa que solicita vincularse como asociado. Contar con un panorama financiero más amplio facilita cruzar información y confirmar que la estructura declarada corresponde con la realidad, reduciendo el riesgo de que una cooperativa termine, sin saberlo, prestando sus servicios a una estructura diseñada para ocultar el origen o el destino de los fondos.
Y hay todavía un beneficio adicional, menos técnico, pero igual de importante, cuando una cooperativa le explica a sus asociados, con claridad, qué información comparte, para qué la utiliza y qué garantías existen, no solo está cumpliendo con una obligación normativa; está reforzando exactamente el mismo activo que ha sostenido al sector solidario durante las generaciones: la confianza.
Frente a este panorama, no se trata de elegir entre abrirse al nuevo modelo de datos o proteger el sistema de prevención construido durante años, porque ambas obligaciones ya coexisten y seguirán haciéndolo. La pregunta relevante es: ¿Cómo lograr que convivan bien? Eso exige que los controles internos dejen de pensarse únicamente puertas adentro y empiecen a considerar también los flujos de información que entran y salen a través de las nuevas conexiones digitales.
Exige, igualmente, que los equipos que atienden directamente a los asociados comprendan este nuevo entorno no solo desde el punto de vista técnico, sino desde lo que significa para la prevención del riesgo, de modo que puedan resolver dudas y transmitir seguridad en el momento mismo en que un asociado autoriza el uso de su información, y exige, sobre todo, que ninguna señal de alerta, venga de donde venga, reciba menos atención que aquella que se genera puertas adentro de la entidad.
El SARLAFT y las finanzas abiertas pueden parecer, a primera vista, dos universos regulatorios distintos, uno construido sobre la prevención y el otro sobre la apertura; pero en el fondo comparten una misma raíz, ambos dependen de qué tan bien conoce una entidad a las personas con las que trabaja, y de qué tan responsablemente cuida la información que estas le confían.
La diferencia es que esa responsabilidad ya no puede pensarse como un ejercicio aislado dentro de las cuatro paredes de la entidad, sino como parte de un ecosistema financiero cada vez más interconectado. Para un sector que se ha construido históricamente sobre la cercanía y la confianza con sus asociados, este nuevo entorno no tiene por qué representar una amenaza. Bien gestionado, puede convertirse en la oportunidad de demostrar, una vez más, que esa confianza sigue siendo el verdadero capital del sistema solidario, más aún con entidades que cuentan en su portafolio con productos de ahorro y crédito.
Acompañamiento Estratégico para el Sector Solidario
Giovanni Caicedo hace parte del Equipo del Programa de Transformación Digital del Sector Solidario. Como Consultor de Transformación Digital y responsable de Academy, aporta su visión y experiencia para guiar a las entidades frente a los grandes desafíos tecnológicos e institucionales del sector.
Economista de profesión, Giovanni cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos de desarrollo, transformación institucional y formulación de políticas públicas. Es Especialista en Riesgo Financiero y Magíster en Planeación para el Desarrollo. Complementa su perfil como docente universitario en áreas económicas, Fintech y analítica de datos, destacándose además en el asesoramiento, elaboración y capacitación de ofertas académicas.
En la práctica, Giovanni es un profesional que combina el análisis económico con el diseño de soluciones sostenibles y escalables, siempre orientadas al impacto social. Su amplia trayectoria abarca la estructura, planeación y seguimiento de auditorías internas y externas, gestión del cambio, articulación interinstitucional, presupuestos y monitoreo de procesos y riesgos. Su enfoque consultivo se centra en articular la planificación estratégica con el uso de tecnologías emergentes, con el objetivo de fortalecer la gestión institucional de las organizaciones.
Referencias:
- Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), Financial Innovation for Impact (Fii) y Bank for International Settlements (BIS). (2026). Enabling Open Finance in EMDEs: Incentives, Liability, and Performance Measurement. University of Cambridge Judge Business School.
- DataCrédito Experian. (2025). Cómo impulsar las Finanzas Abiertas en Colombia: Inclusión, Innovación y Justo Intercambio de Valor.
- República de Colombia. (2026). Decreto 368 de 2026, por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el Sistema de Finanzas Abiertas. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). (2023). Las Recomendaciones del GAFI: Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación.
- Superintendencia de la Economía Solidaria. Circular Básica Jurídica y Contable (normativa vigente sobre gestión de riesgos del sector solidario).
GIOVANNI CAICEDO – Director del Programa ACADEMY
