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Del pasado al futuro: cómo las cooperativas están liderando la transformación sostenible en América Latina (2012–2025)

Del pasado al futuro: cómo las cooperativas están liderando la transformación sostenible en América Latina (2012–2025)

El cooperativismo en las Américas dejó de ser otra forma empresarial para convertirse en una palanca concreta ante crisis económicas, sociales y ambientales. A partir de experiencias en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y México; y de agendas transversales como inclusión financiera, igualdad de género, innovación y economía verde, este artículo sintetiza avances, cuellos de botella y una hoja de ruta para la próxima década. La tesis es simple: donde hubo marcos habilitantes, organización del movimiento e innovación con propósito, las cooperativas crecieron, diversificaron su impacto y ganaron legitimidad pública. Donde predominaron normativas hostiles o desmantelamiento institucional, el  potencial quedó subutilizado.

En este artículo, propongo un recorrido en tres actos: primero, el mapa regional y las tendencias que modernizan al movimiento; luego, las lecciones país por país; y, por último, las agendas transversales (finanzas, género, datos y verde) que desembocan en cinco apuestas para 2025–2030.

 

  1. A nivel regional, el movimiento cooperativo se transforma.

Entre 2012 y 2025, el cooperativismo en América Latina y el Caribe vivió una etapa de transformación que podría contarse como un viaje en tres capítulos.

El primero comenzó en los pasillos de la política y la regulación. En Brasil, la voz organizada del movimiento a través de la OCB (Organización de Cooperativas Brasileñas) y Frencoop (Frente Parlamentario del Cooperativismo) logró más de 100 avances normativos que dieron seguridad jurídica y reglas claras para cada tipo de cooperativa. Paraguay, por su parte, fortaleció sus instituciones con un INCOOP más moderno, un tribunal electoral propio y la restitución de beneficios fiscales como la exención del IVA, además de dar un paso audaz al incluir la educación cooperativa en las escuelas. Chile, en cambio, apostó por actualizar su Ley General de Cooperativas para facilitar la creación de nuevas entidades, bajar el número mínimo de socios y ampliar el alcance de las cooperativas de ahorro y crédito.

El segundo capítulo lo escribieron las nuevas generaciones y actores emergentes; ya que aparecieron cooperativas de consumo que rompieron con la lógica tradicional y adoptaron formas horizontales de gestión: compras colectivas, rotación de tareas y decisiones en asambleas reducidas. También florecieron iniciativas de intermediación solidaria que acercaron directamente al productor con el consumidor, y nacieron experiencias de monedas sociales y finanzas comunitarias que, en muchos casos, fueron lideradas por mujeres.

El tercer capítulo tuvo como protagonista la sostenibilidad y la innovación. El cooperativismo se vinculó con la economía verde, impulsando proyectos de reciclaje, energías renovables y bioeconomía. Al mismo tiempo, algunas de las cooperativas más grandes, como la emblemática Cooperativa Obrera en Argentina, dieron un salto hacia la profesionalización del uso de datos, convirtiéndolos en brújulas para tomar mejores decisiones, aumentar la productividad y ofrecer servicios de mayor calidad.

En conjunto, estos tres movimientos demostraron que el cooperativismo no es un modelo atrapado en la nostalgia del pasado. Por el contrario, es una arquitectura flexible y viva, capaz de reinventarse frente a desafíos tan grandes como la desigualdad, la concentración de mercados y la crisis climática.

 

2.Cinco países, cinco lecciones: regulaciones, efectos y pendientes

La foto de Argentina muestra un cooperativismo dinámico y heterogéneo; por un lado, cooperativas de servicios, en especial las de ahorro y crédito concentran millones de personas asociadas. En paralelo, la Intermediación Solidaria (IS) se consolidó como un sector emergente que, desde 2014, articula organizaciones de comercialización y consumo en redes MOCyCS (Mesa de Organizaciones de Comercialización y Consumo Solidario, que articula experiencias de producción y consumo popular) ; y la Federación Alta Red (reúne a cooperativas y emprendimientos solidarios para ampliar escala y logística), capaces de abastecer miles de hogares con canastas más baratas que los supermercados, visibilizando problemas de acceso a alimentos y proponiendo políticas.

La innovación organizacional convivió con la innovación de datos: Cooperativa Obrera profesionalizó el análisis de información para alinear decisiones, eficiencia y competitividad con los ODS 8 y 9 (Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por la ONU en 2015 como parte de la Agenda 2030. En particular, el ODS 8 busca promover trabajo decente y crecimiento económico inclusivo y sostenible, mientras que el ODS 9 impulsa la industria, la innovación y la infraestructura resiliente y sostenible). Sin embargo, persisten brechas de género: en la provincia de Santa Fe, aunque las mujeres son mayoría entre asociadas y trabajadoras, su presencia en consejos de administración es baja, y la asistencia a asambleas es mínimamente representativa. El desafío pasa por institucionalizar mecanismos (cuotas, formación, reglas de paridad, corresponsabilidad en cuidados) que superen la idea de que la “voluntariedad” basta para la igualdad.

El caso de Brasil, prueba que la representación unificada y profesional del movimiento (OCB/Frencoop) se traduce en resultados: 115 avances regulatorios, crecimiento de personas asociadas (+152%) y de ingresos, incluso con menos cooperativas por fusiones. La lección es contundente: marcos favorables + voz política coordinada = expansión

El reto es comunicar mejor a sociedad y tomadores de decisión el valor del modelo, aprovechando 2025 como ventana de oportunidad.

En Chile, las reformas de 2002 y 2015 no solo simplificaron la constitución y operación de las cooperativas en Chile, sino que también fortalecieron su estabilidad e introdujeron criterios de equidad de género en sus órganos directivos. En paralelo, comenzó a gestarse un resurgimiento de las cooperativas de consumo de escala humana: organizaciones horizontales, con rotación de tareas, compras colectivas y un marcado énfasis en el consumo consciente, la soberanía alimentaria y los precios justos. Este modelo ha resultado especialmente atractivo para las juventudes y para personas que, hasta ahora, se mantenían al margen de espacios participativos tradicionales. Sus aportes son significativos; desde la cohesión comunitaria y las economías de escala hasta la resiliencia frente a crisis, aunque conviven con retos importantes de escalabilidad y gobernanza, como evitar la sobrecarga de sus integrantes y asegurar una participación equilibrada.

 

México representa una paradoja en el mapa cooperativo regional; a pesar de contar con entre 9 y 10 millones de personas afiliadas y con un Sector Social de la Economía (SSE) que gestiona más de la mitad del territorio nacional, el cooperativismo se encontró con parálisis legislativa y un fuerte desmantelamiento institucional, reflejado en los recortes severos al INAES desde 2018. Sin embargo, frente a ese escenario adverso, el subsector de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) mostró fortaleza: presencia en más del 50% de las comunidades, aporte cercano al 7% del PIB financiero y un papel decisivo en la inclusión financiera.

En 2024, el proyecto “Financiamiento Cooperativo para la Sostenibilidad” impulsó un diagnóstico PFSS que identificó 612 destinos por más de $3,444 millones MXN, con énfasis en vivienda social y producción agrícola y dimensiones de biodiversidad, agua, energía, residuos, seguros y género

Incluso en entornos adversos, políticas de finanzas sostenibles y taxonomías nacionales pueden catalizar al cooperativismo de crédito como vector de ODS.

El caso de Paraguay,  refleja cómo la modernización institucional puede fortalecer al sector dado que la evolución reciente combinó normas específicas, tales como el trabajo asociado y la obligatoriedad de la educación cooperativa con un alineamiento a estándares internacionales en prevención de lavado. El resultado ha sido un cooperativismo con mayor credibilidad y control, aunque también con exigencias administrativas más estrictas que plantean nuevos retos de implementación. El resultado es, un sector con mayor credibilidad y control, aunque con más exigencias administrativas. La proyección dependerá de implementación consistente y políticas inclusivas que faciliten escala e impacto social.

 

  1. Inclusión financiera y productiva: el crédito cooperativo como política pública

El crédito cooperativo suele pasar desapercibido en los grandes titulares financieros, pero en la práctica es un instrumento irremplazable. Es la llave que abre puertas a las MiPyMEs que no acceden a la banca tradicional, a las economías populares que sostienen territorios enteros, a comunidades rurales olvidadas y a personas históricamente excluidas del sistema.

Cada país ilustra esta historia con un matiz distinto. En Argentina, las cooperativas de ahorro y crédito luchan contra fuertes restricciones para fondearse frente a bancos y fintech. En México, las SOCAP demuestran un potencial enorme al canalizar recursos hacia destinos sostenibles: vivienda social, producción agrícola, proyectos comunitarios. En Brasil, la experiencia confirma que cuando existe un marco regulatorio favorable y una representación política sólida, el crecimiento del sector es sistémico y tangible.

De estas lecciones surgen tres líneas de acción convergentes: La primera es nivelar el campo de juego; es decir, permitir que las cooperativas capten depósitos de sus asociados bajo reglas prudenciales adecuadas, con costos regulatorios proporcionales a su tamaño y riesgo, y con plena interoperabilidad en sistemas de pago digitales. La segunda, asumir el enfoque ASG (es decir, integrar criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza: impacto ambiental y climático, equidad e inclusión social, y transparencia y ética en la gestión) como estándar: construir taxonomías claras que aceleren el crédito verde y social, diseñar seguros climáticos inclusivos e incentivar proyectos con co-beneficios ambientales y de género. La tercera es abrazar los datos y la trazabilidad: desarrollar capacidades de analítica como lo hace la Cooperativa Obrera para entender riesgos, medir impactos y personalizar servicios.

El mensaje de fondo es simple: cuando el crédito se democratiza con criterios cooperativos, no solo financia proyectos; financia dignidad, resiliencia y futuro.

 

  1. Arquitecturas de equidad: género, cuidados y gobernanza cooperativa

El verdadero salto cualitativo requiere pasar de los discursos a las reglas concretas estableciendo paridad en los órganos de gobierno, fijando metas de participación en las asambleas, asignando presupuestos con perspectiva de género, diseñando horarios y formatos que concilien responsabilidades de cuidado, y garantizando formación directiva. 

La experiencia de los bancos comunitarios y las monedas sociales demuestra que cuando las mujeres acceden a microcréditos y servicios financieros, suelen reinvertir en negocios, alimentación y educación, generando un efecto multiplicador en sus comunidades. En este terreno, el cooperativismo cuenta con una ventaja única ya que su combinación de democracia económica y arraigo territorial le permite transformar relaciones de poder y, al mismo tiempo, reconocer y dignificar el valor del trabajo de cuidados.

 

  1. Redes solidarias y consumo crítico: otra manera de organizar la economía

Las cooperativas de consumo emergentes en Chile y la Intermediación Solidaria en Argentina comparten una intuición potente: el consumo cotidiano puede ser ciudadanía económica. Con gobernanzas horizontales, listas de compras participativas, subcomités y logística distribuida, estas organizaciones democratizan decisiones de abastecimiento, priorizan circuitos locales y promueven precios justos. Sus retos (escala, profesionalización, fatiga de voluntariado) exigen infraestructura compartida, herramientas digitales, financiamiento puente y políticas que reconozcan su servicio público en seguridad alimentaria.

 

  1. Incubar inclusión: cuando la innovación social se diseña en comunidad

Desde 2007, el Núcleo NuMI-EcoSol/UFSCar (un centro académico y comunitario de la Universidade Federal de São Carlos que investiga, forma y acompaña experiencias de economía solidaria e inclusión social) desarrolló un método de incubación de Emprendimientos Económicos Solidarios (EES) con usuarios de servicios de salud mental. Las premisas son claras: se aprende autogestión autogestionando, y la actividad productiva surge del saber ocupacional del grupo. El proceso se organiza en cuatro ejes: identidad colectiva, formación desde la práctica, inserción en redes y viabilidad con fase piloto para evitar frustraciones. El caso SEIVA (jabones ecológicos con aceite reutilizado) muestra resultados en ingresos, autonomía y proyectos de vida, y articula con una incubadora pública para sostener la trayectoria. Más allá de Brasil, el enfoque es replicable para juventudes, poblaciones con discapacidad, personas en transición laboral o egreso de sistemas penales. Es, en suma, política de salud pública con forma cooperativa.

 

  1. Energía, reciclaje y bioeconomía: la agenda verde cooperativa

En distintos rincones de América Latina, las cooperativas están demostrando que la transición ecológica no es un discurso lejano, sino una práctica cotidiana. En Argentina, Colombia y República Dominicana, los antiguos recicladores informales encontraron en las cooperativas un espacio para formalizar su labor: hoy certifican materiales, convierten plásticos en madera sintética y, al mismo tiempo que reducen emisiones, generan empleo digno. En Brasil y Costa Rica, la historia se cuenta a través del sol, el agua y el viento: cooperativas que levantaron centrales hidroeléctricas, solares y eólicas no solo diversifican la matriz energética, también democratizan el acceso y crean fondos comunitarios para reinvertir en proyectos locales. La innovación también se abre paso en la bioeconomía y la construcción sostenible. Agroindustrias cooperativas transforman subproductos del café en nuevas cadenas de valor; iniciativas de bioconstrucción modular levantan viviendas eficientes con materiales naturales; y ladrillos ecológicos, fabricados sin necesidad de cocción, ahorran energía y reducen emisiones.

Lo más poderoso, sin embargo, no está solo en la tecnología, sino en la gobernanza. Porque en las cooperativas, la comunidad es la que decide: controla excedentes, define prioridades y orienta el valor hacia donde más se necesita; ya sea agua, vivienda o empleo juvenil. Esa es la verdadera ventaja comparativa del modelo cooperativo en la transición ecológica: transformar recursos en resiliencia, y proyectos en futuro compartido.

 

  1. Retos estructurales para liberar el potencial cooperativo

Aunque el cooperativismo en la región ha demostrado una enorme capacidad de innovación y resiliencia, el camino no ha estado libre de tropiezos. A veces, la rueda avanza con fuerza, pero se traba en las mismas piedras de siempre.

En Argentina, por ejemplo, las asimetrías regulatorias y los costos desproporcionados hacen que las cooperativas de ahorro y crédito pequeñas jueguen en una cancha inclinada frente a los bancos. En México, el desmantelamiento institucional con los recortes al INAES ( Instituto Nacional de la Economía Social, organismo público descentralizado creado en 2012 y sectorizado en la Secretaría de Bienestar, encargado de promover y fortalecer a cooperativas y demás organizaciones del Sector Social de la Economía en México) cortó el puente que unía la política pública con los proyectos comunitarios, dejando a muchas iniciativas sin respaldo. Otro freno importante ha sido la competencia de las fintechs en el crédito al consumo, que crecen rápido pero sin las mismas reglas de responsabilidad social. A ello se suman las brechas de género: aunque las mujeres son mayoría en la base social, todavía encuentran puertas cerradas en los espacios de liderazgo y en la participación efectiva. También pesan los desafíos internos. Las experiencias horizontales y de escala humana, que son el corazón de muchas cooperativas, corren el riesgo de sobrecargarse y perder ese espíritu cercano que las hace únicas si no encuentran cómo escalar sin desgastarse. Y, finalmente, la falta de infraestructura y de financiamiento limita la posibilidad de invertir en logística, digitalización o proyectos verdes, impidiendo que las buenas ideas lleguen más lejos.

Estos obstáculos no niegan los avances; más bien recuerdan que el potencial cooperativo necesita reglas justas, instituciones sólidas y recursos adecuados para desplegar toda su fuerza transformadora.

 

  1. Hoja de ruta 2025–2030: cinco apuestas concretas

Imaginemos el cooperativismo de las Américas entrando al 2025 como quien se prepara para un viaje decisivo. La hoja de ruta no se mide solo en cifras, sino en apuestas concretas que marcarán la diferencia en la próxima década.

El primer paso es forjar un pacto regulatorio cooperativo; esto significa construir reglas proporcionales y prudenciales que reconozcan el tamaño y riesgo de cada entidad, abrir el acceso a sistemas de pago y permitir que los propios asociados fondeen a sus cooperativas bajo garantías claras. Aquí entran en juego las taxonomías ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza), con créditos verdes y sociales respaldados por líneas de garantía pública.

El segundo movimiento es diseñar una política de datos con propósito; ya no se trata de acumular información, sino de gobernarla con inteligencia: tableros de control, analítica aplicada, interoperabilidad con registros públicos y métricas que midan impacto real; empleo generado, emisiones reducidas, inclusión alcanzada.

La tercera apuesta es ineludible: igualdad de género como requisito de gobernanza. No más discursos, sino reglas claras: paridad o metas verificables en los consejos, presupuestos con perspectiva de género, servicios de cuidado que liberen tiempo y formatos inclusivos que permitan a más mujeres y jóvenes estar presentes en las asambleas.

El cuarto desafío consiste en hacer crecer las experiencias horizontales sin perder su esencia. Para lograrlo, las cooperativas de consumo necesitan apoyarse en plataformas compartidas de compras, logística y distribución; contar con fondos rotatorios de capital de trabajo; y garantizar un nivel básico de profesionalización en áreas como contabilidad, aspectos legales y marketing. Solo así podrán ampliar su alcance manteniendo intacto su espíritu humano y democrático.

Finalmente, la quinta pieza del rompecabezas: ecosistemas de incubación inclusiva. Replicar el método NuMI-EcoSol (un modelo brasileño de incubación de emprendimientos económicos solidarios creado por el Núcleo de Economía Solidaria de la Universidad Federal de São Carlos, que acompaña especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, como usuarios de servicios de salud mental, mediante procesos de autogestión, formación práctica y redes de apoyo) en nuevas alianzas entre salud y economía solidaria. Aprovechar compras públicas y ferias como motor de ventas, e integrar seguros y finanzas comunitarias que den estabilidad a los ingresos.

Cada uno de estos pasos no es una recomendación aislada, sino una brújula colectiva. Juntos dibujan un futuro donde el cooperativismo deja de ser “alternativa” para convertirse en protagonista del desarrollo justo, inclusivo y sostenible que América Latina necesita.

 

Conclusión: 2025 como punto de inflexión

Los últimos años nos enseñaron,  que el cooperativismo es moderno cuando regula, innova e incluye. Brasil confirmó que la incidencia política cambia trayectorias. Chile demostró que simplificar y abrir puertas trae actores nuevos. Paraguay asoció gobernanza y cultura para consolidar. Argentina combinó redes de comercialización, uso estratégico de datos y creatividad territorial. México evidenció que, aun en contextos adversos, las finanzas cooperativas pueden mover la aguja de los ODS si se articulan con taxonomías sostenibles y metodologías participativas.

 

De cara a 2025, el llamado no es solo conmemorativo; es programático. Si los Estados adoptan reglas proporcionales, financiamiento con criterios ASG, y políticas públicas que reconozcan el valor diferencial de la propiedad democrática, y si el movimiento cooperativo consolida paridad, gobernanza basada en datos y alianzas multisectoriales, el cooperativismo estará en posición de liderar la reconstrucción de economías más justas, resilientes y bajas en carbono. No se trata de “adaptar” el modelo cooperativo al siglo XXI, sino de entender que el siglo XXI necesita el modelo cooperativo para que desarrollo, democracia y sostenibilidad dejen de ser promesas y se vuelvan práctica cotidiana.

El cooperativismo en nuestra región ha demostrado que sabe adaptarse y reinventarse. Hoy, más que nunca, el reto es pasar de las experiencias exitosas a una transformación integral que fortalezca su papel como actor clave frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales. La invitación es a que cada cooperativa, desde su identidad y realidad local, trace su propia hoja de ruta: aprovechar la tecnología, innovar en la gobernanza y abrir espacios de inclusión que multipliquen el impacto. No se trata solo de crecer, sino de transformar con propósito, construyendo un futuro sostenible y compartido.

 

Este artículo es una reflexión personal inspirada en la publicación “Evolución del sector cooperativo entre 2012–2025”, publicado por Cooperativas de las Américas. Todo el mérito corresponde a sus autores; las interpretaciones y opiniones aquí expresadas son únicamente mías. Agradezco a José Alves de Souza Neto y Danilo Salerno por el liderazgo que enmarca esta obra, a Paula Arzadun por coordinar la investigación. Reconozco también al comité evaluador por su solvencia académica y crítica constructiva. Mi intención es sumar una mirada personal a un trabajo que constituye una referencia clave para el movimiento cooperativo de la región.

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